¿Dónde van mis impuestos?

La inflación se encuentra a sus niveles más altos desde 1992. Se disparan los precios, la cesta de la compra pesa cada vez más. Los autónomos emiten sus facturas y pagan sus cuotas. Los asalariados hacen malabarismos para cuadrar sus gastos fijos con los ingresos tras las retenciones habituales.  Y mientras tanto, de forma recurrente surge una pregunta para la que hoy trataremos de dar respuesta: ¿a dónde van mis impuestos?

Saber a dónde van los impuestos, conocer en qué se invierten los euros que tributamos, no hará que paguemos menos, pero sí quizá con menos dolor.

Hay que recordar que la sociedad del bienestar en la que vivimos, no sería posible sin la contribución de cada uno de los ciudadanos. Y que, para sostener todo el entramado de pensiones, educación pública, sanidad pública, prestaciones por desempleo o distintas ayudas a la dependencia, entre otras muchas partidas, hay que pagar impuestos.

Tributos para Hacienda y cotizaciones para la Seguridad Social

Tributar no es lo mismo que cotizar. Tributamos a Hacienda (y su Agencia Estatal de Administración Tributaria o AEAT) y cotizamos a la Seguridad Social.

• Con los impuestos que van a Hacienda, el Estado se asegura liquidez para invertir en un gran abanico de áreas, las del gasto público, como pueden ser las obras públicas, la cooperación al desarrollo, el gasto militar, las becas, subvenciones, las instituciones penitenciarias, industria y energía, agricultura y un largo etcétera.
• Con las cotizaciones que recibe la Seguridad Social, el Estado se asegura liquidez para cubrir aquellos gastos diseñados para proteger al ciudadano en situación de necesidad. Es la Tesorería de la Seguridad Social la que canaliza todas esas cotizaciones que realizan los ciudadanos para luego poder derivarlo, en su gran mayoría, al pago de las pensiones.

Trabajadores y empresarios aportan una parte correspondiente cada mes para que cada año la Seguridad Social se embolse unos cuantos millones de euros. En 2021, la cifra total de recaudación de la Seguridad Social, fue un 5% más alta que el año anterior, ascendió a más de 180.000 millones de euros. Parte de ese montante viene del propio Estado y el resto, 127.244 millones, de las cotizaciones de empresas y trabajadores. Todo ello irá destinado, en este 2022, a pagar las pensiones, cuyo saldo llega a la friolera de 171.165 millones de euros.

En definitiva, si queremos cobrar la pensión una vez nos hayamos jubilado, hay que pagar impuestos. También para que las reciban aquellos que han trabajado toda su vida.

Otros destinos de nuestros impuestos

Grosso modo, todo lo que sea considerado público se ha financiado con impuestos. Si uno piensa en un hospital, en un instituto, en una prisión, en un parque de bomberos o incluso un clásico cuartel de la Guardia Civil o una comisaría de policía, son los impuestos, directos e indirectos, los que permiten la creación y mantenimiento de esas instituciones. A su vez, estas instituciones prestan servicios de los que la ciudadanía se beneficia.

Por eso, no sería preciso decir que «la Sanidad es gratis», puesto que cada contribuyente, con su esfuerzo fiscal, permite que todos puedan disfrutar de ella, al margen de sus ingresos. En concreto, la Sanidad cuesta una media de 1.679 euros por persona y año, haciendo el balance del gasto de las todas comunidades autónomas, que gestionan sus propios presupuestos en materia de Sanidad.

En millones, los números oscilan entre los 12.000 millones (cifras redondeadas) de Andalucía, los 8.000 de la Comunidad de Madrid o los 3.600 de Castilla-La Mancha. Todo ello para llegar a cifras que rondan, cada año, los 80.000 millones de euros.

¿Y en Educación? Pues algo menos de la mitad. Formar a las generaciones del futuro cuesta unos 44.000 millones de euros anuales, una cifra que podría parecer abultada pero que se corresponde con el puesto 23 de los 28 países de la Unión Europea.

Otros impuestos, para Defensa

A menudo se ha dicho que el gasto que se destina al Ministerio de Defensa podría superar incluso al de Sanidad. Es un engaño de los medios tendenciosos, ya que tienen en cuenta el dato del gasto estatal dedicado a Educación, sin tener en cuenta que son las CCAA quienes reflejan en sus presupuestos este gasto. Defensa, en cambio, al ser competencia directa del Estado, no ofrece un presupuesto ‘troceado’, con sus 9.411 millones contantes y sonantes para 2021.

Pero lo que no podrá discutir nadie es que, en efecto, el gasto en cuestiones militares viene a ser una cuarta parte del gasto en Educación. En esa partida se incluiría la Unidad de Emergencias Especiales (UME), que actúa en casos de catástrofes varias (como el temporal Filomena) y los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, sobre todo.

Cómo se gestionan los impuestos

A la pregunta de ¿a dónde van mis impuestos? que abre este artículo se podría responder en términos territoriales. Porque hay impuestos que redundan en el conjunto de toda la nación (los estatales, que pueden ser directos o indirectos, como el IVA), otros que gestionan las propias comunidades autónomas y otros que canalizan las administraciones municipales (ayuntamientos).

Aquí nos encontramos con cierto enjambre burocrático-legal-fiscal que se concentra en todo lo que tiene que ver con los «tributos cedidos». Controla esto la Transferencia del Fondo de Garantía y el Fondo de Suficiencia Global. Todo ello para las comunidades insertas en el Régimen común, en las que no entran País Vasco y Navarra, con sus políticas fiscales (forales) propias.

Es interesante también saber que la gestión del IVA y del IRPF se reparte al 50% entre Estado y autonomías. En el caso de los impuestos especiales, las CCAA controlan el 58%. Luego están los impuestos cedidos totalmente a las comunidades autónomas. Hablamos del impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).

Como ves, no es fácil responder a la pregunta sobre el destino de nuestros impuestos. Pasan por muchas manos, muchas administraciones, muchas instituciones y, a la postre, se entiende, se invierten para hacernos la vida más fácil. Y para que el reparto de la riqueza permita alcanzar la igualdad de sus ciudadanos, al margen de su origen, clase social, etnia, etc. Ese, al menos, es uno de los ideales de la llamada sociedad del bienestar.

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